EQUO Andalucía exige de nuevo a la Junta la prohibición total del fracking en base al compromiso firmado en el Congreso por más de 20 partidos

EQUO, miembro de la Plataforma Andalucía Libre de Fracking (PALF), reclama al gobierno de la Junta de Andalucía que sea coherente con lo firmado ayer a nivel estatal por todos los partidos políticos salvo PP, UPyD, CIU y PNV y lo ya aprobado recientemente por el Parlamento Andaluz en sendas Propuestas No de Ley y, en consecuencia, materialice una prohibición del fracking en Andalucía, como ya han hecho otras Comunidades Autónomas, así como ejecute la revocación sin demoras de los permisos vigentes, en tramitación y en reactivación.

Según Maria Merello, coportavoz andaluza de la formación ecosocial “En caso contrario, los partidos que gobiernan Andalucía estarían demostrando su oportunismo político e hipocresía a la hora de firmar compromisos en periodo de elecciones. Teniendo en cuenta el avanzado estado de desarrollo de los permisos de investigación vigentes, si la Junta no hace nada puede suponer que Andalucía sea una de las primeras comunidades autónomas donde se desarrolle el fracking y por lo tanto donde empecemos a sufrir las graves consecuencias ambientales y sociales de esta actividad”.

Por su parte, Esteban de Manuel, coportavoz de EQUO Andalucía ha recordado que su formación apuesta por avanzar hacía un mix energético 100% renovable: “La isla del Hierro, en Canarias, ya lo ha conseguido. Si existe voluntad política, se puede y se debe comenzar a andar este camino, el único seguro y que garantiza el suministro y la creación de riqueza en el territorio”.

Andalucía cuenta con permisos de investigación en estado de desarrollo donde ya se podría empezar a realizar fracking. La superficie total que se encuentra afectada por este tipo de permisos otorgados suponen 82.700 Ha en Cádiz, 27.200 en Sevilla y 68.000 en Jaén. A esta superficie hemos de sumar una cantidad equivalente en permisos de investigación que actualmente están en tramitación, afectando también a Córdoba y otras 61.000 Ha de antiguos permisos de explotación cuya reactivación se está tramitando en Sevilla.

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