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El PA en Almería, a través de su Secretario Provincial, se ha manifestado sobre el modelo energético vigente. Según los andalucistas, un cuarto de millón de ciudadanos andaluces sufre cortes de luz por impagos. “Andalucía tiene que garantizar los suministros mínimos vitales de estos ciudadanos, y el fondo de la Junta no es suficiente”.
El Secretario Provincial del PA Juan Martínez, se expresó esta mañana ante los medios de comunicación sobre la ineficiencia de nuestro modelo energético, “ineficiente porque no todos los andaluces tienen acceso a la energía, hay quienes no pueden pagar la factura de la luz, y sencillamente no pueden usarla”.
La Junta de Andalucía aprobó un decreto que destinaba fondos para pagar los recibos de aquellos ciudadanos que se encuentren en riesgo de exclusión y que no pueden afrontar los gastos de un recibo de luz o agua. Pero, según los andalucistas, “la situación exige unas medidas más contundentes”. Por ello, el PA exige que se apruebe una ley que garantice suministros mínimos vitales, y erradicar la pobreza energética de los andaluces. “Se trata de un derecho el tener garantizado el mínimo de agua y energía que se precisa para vivir. No se trata de crear una ley de subsidio ni una ayuda. Los andalucistas apostamos por la dignidad de los andaluces”, precisa Martínez.
Para los andalucistas, el problema tiene unas dimensiones alarmantes, no solo en términos de derechos económicos y dignidad de las personas, sino también como un problema de salud pública y exclusión social creciente. El líder andalucista ha referido que “se trata de un drama social que crece por la crisis y por un modelo económico y energético que promueve de manera obscena la desigualdad, la exclusión y la insostenibilidad”.
Según el informe de pobreza energética, las necesidades energéticas esenciales de Andalucía se cubrirían con un consumo 1.400 kilowatios al año. Las causas del aumento del número de pobres energéticos son los precios al alza, la reducción de renta y la baja calidad de la edificación. Por ejemplo, Cruz Roja ha calculado que el precio del gas ha subido un 22% en los últimos dos años, la luz un 34% y el agua un 8,5%.
Según los estudios, se calcula que casi 10.000 personas fallecen de forma prematura cada año en el Estado por esta pobreza energética. “Para ello necesitamos gobiernos valientes, competentes y al servicio del interés ciudadano y no de los lobbies. Pero también hace falta un mínimo de sensibilidad para entender que la pobreza energética no puede esperar a soluciones estructurales”, señala el andalucista.
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