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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Vícar (Almería), una organización compuesta por tres hombres y dos mujeres dedicados a la explotación sexual de mujeres. Captaban a las víctimas en diferentes localidades de España, ofreciéndoles falsos contratos de trabajo, para obligarlas a ejercer posteriormente la prostitución. En el marco de la denominada “Operación Cacique” han sido liberadas 22 mujeres colombianas, hondureñas, nigerianas y bisauguineanas, que estaban siendo explotadas sexualmente por los miembros de este grupo.
La investigación se inició hace diez días cuando agentes de la U.C.R.I.F. de la Comisaría Provincial de Almería recibieron denuncia por un supuesto delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Puesto en marcha el Protocolo de Actuación y Protección para las víctimas existente para estos casos, los investigadores se centraron en comprobar la veracidad de los datos manifestados por la testigo así como los indicios delictuales del caso concreto.
En su denuncia, la testigo protegido relató cómo fue captada en Barcelona por un miembro de la organización mientras ésta se encontraba pegando carteles en los que demandaba un trabajo. Aprovechándose de su necesidad y vulnerabilidad, le ofrecieron una falsa promesa de trabajo en el sector de la hostelería y le aseguraron una vivienda, siendo para ello trasladada en vehículo hasta la localidad almeriense de Vicar y sin tener que abonar dinero alguno por el transporte.
De igual modo, otras cuatro mujeres relataron a la Policía Nacional hechos similares en las que la jerarquía organizativa era patente, con reparto de tareas entre los diferentes miembros de la organización criminal y perfectamente diferenciadas la figura del captador, el transportista, y los explotadores sexuales.
Obligadas a prostituirse y privadas de libertad en el prostíbulo
Tras el registro practicado en presencia del Secretario Judicial en la construcción tipo cortijo en la que las 22 mujeres se encontraban sometidas a ejercer la prostitución, la Policía Nacional pudo corroborar como los ahora detenidos obligaban y coaccionaban a las mujeres para que llevasen a cabo prácticas sexuales bajo pago de 10 euros por 10 minutos de relación. Ante la negativa de alguna de ellas, no dudaban en utilizar el vudú o magia negra para conseguir su propósito, amedrentando a sus víctimas, y de no surtir efecto lo anterior, recurrían a multas coactivas de 50 euros por incumplimiento.
Además, en el mismo lugar dónde eran explotadas sexualmente era dónde pernoctaban, debiendo abonar por ello una cantidad de dinero diaria. Las mujeres quedaban encerradas en el interior de las habitaciones hasta el día siguiente, cuando uno de los detenidos les volvía a conceder la libertad abriendo la cerradura o candado con el que contaban las habitaciones.
Los cinco detenidos, acusados de los delitos de pertenencia a banda criminal, trata de seres humanos con fines de explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores y por delitos relativos a la prostitución, han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Almería, quien ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de ellos.
“Contra la trata no hay trato: denúncialo”
Esta operación se enmarca dentro del Plan de la Policía Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual. La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900 10 50 90 y el correo trata@policia.es, para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.
Actualmente se cuenta también con 106 agentes formados como interlocutores sociales contra la trata de seres humanos. El interlocutor social es un enlace de colaboración con las organizaciones y entidades con experiencia acreditada en la asistencia a las víctimas.
Estos expertos serán el punto de contacto permanente con las ONG´s para fomentar la colaboración con las víctimas de trata de seres humanos, garantizar el intercambio mutuo de información, tendencias, estadísticas y promover los protocolos de coordinación que resulten necesarios para la asistencia a las víctimas y el apoyo policial especializado en la materia.
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