Funcionarios del Acebuche se suman a la primera huelga general de prisiones convocada para mañana

CSIF, junto al resto de sindicatos, exigen el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el personal penitenciario en los últimos meses, como la reclasificación de los centros

En Almería, los trabajadores permanecerán concentrados a las puertas de la prisión

Funcionarios del Acebuche participarán mañana en la primera huelga general de prisiones convocada por el personal penitenciario y que tiene por fin exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos con el personal penitenciario en los últimos meses, como la reclasificación de los centros y la adecuación del marco salarial a las reales cargas de trabajo y responsabilidad.

En este sentido fue el pasado 25 de septiembre, cuando el secretario general de Instituciones Penitenciaras, Ángel Ortiz, en reunión con los sindicatos, presentó una propuesta económica de reclasificación de centros penitenciarios valorada en 122.646.399 euros y la reducción de la brecha salarial. Sin embargo, tres días después Ortiz retiró la propuesta dedibo a que no contaba con la autorización de Función Pública. Los trabajadores penitenciarios consideran este hecho una total falta de respeto en la historia de la negociación sindical.

Por eso y como último recurso legal esta huelga pretende poner el foco en revertir esta situación de deterioro y abandono en la que se encuentran las prisiones para exigir también que, cualquier mejora obtenida, se aplique a todos los colectivos de Instituciones Penitenciarias, sean de personal funcionario o laboral.

Con todo, desde CSIF junto al resto de sindicatos convocantes, confirman que se mantendrá la situación de conflicto colectivo si no hay una negociación real y no atienden sus reivindicaciones.

Según explican CSIF, junto al resto de sindicatos, la Administración Penitenciaria no puede obviar que sin personal no puede cumplirse los objetivos de seguridad, reeducación y reinserción social.

Del mismo modo, los trabajadores de prisiones garantizan el funcionamiento de los servicios mínimos abusivos impuesto por la Administración, de forma que los derechos fundamentales de la población reclusa no se vean menoscabados.

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