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El domingo día 7 de febrero de 1937 el ejército rebelde golpista alzado contra el legítimo gobierno democrático de República entró en la capital malagueña con el apoyo militar del fascismo italiano. Esto provocó el pánico entre la población civil y la masiva huida de unas 300.000 personas hacia la retaguardia republicana.
Estamos ante uno de los primeros episodios de lo que iba a ser la atroz catástrofe humanitaria de la guerra de España, preludio de otros crímenes de guerra y brutales evacuaciones de población civil que los ejércitos nazis llevaron a cabo en los países ocupados durante la Segunda Guerra Mundial.
Frente a los mitos creados por la propaganda franquista, la huida de Málaga no se trató de una acción colectiva irracional ni tampoco fue inducida por las autoridades republicanas. Por el contrario, esta fue la lógica respuesta de una población que conocía sobradamente el régimen de terror y de represión indiscriminada que las tropas rebeldes estaban imponiendo en los pueblos que iban ocupando en su avance.
El forzado éxodo hacia la zona republicana revela un acertado conocimiento de la esencia militarista y violenta del ejército fascista que llegaba. Dicho de otro modo, huyeron porque sabían lo que les esperaba y, por tanto, fue un acto de resistencia colectiva, de rebelión ante el destino indigno que les ofrecía el bando sublevado.
A lo largo de 5 días una larga columna, pacífica y desarmada, de hombres, mujeres, ancianos y niños fueron bombardeadas y ametralladas por mar y aire, ocasionando miles de víctimas civiles hasta su llegada a la ciudad de Almería. Allí se perpetró el terrible crimen de guerra que narraba de esta manera Norman Bethune:
“Cómo si no fuese bastante haber bombardeado y cañoneado a esa procesión de campesinos inermes a lo largo de su caminata interminable, el día 12 de febrero, cuando el pequeño puerto de Almería estaba atestado de gente refugiada, cuando la población se había duplicado, cuando aquellas cincuenta mil personas exangües habían llegado al sitio que creían un abrigo seguro, los aeroplanos fascistas, alemanes e italianos, desataron sobre la población nutrido bombardeo… Deliberadamente arrojaron diez bombas en el centro mismo de la ciudad, donde, amontonados en el pavimento, dormían exhaustos los refugiados”.
Estamos así inequívocamente ante crímenes de lesa humanidad. Estos se incluyen y comprenden en el Estatuto de Roma, por el que se crea la Corte Penal Internacional, como un ataque generalizado o sistemático contra una población civil que supone el asesinato, la deportación o el traslado forzoso de la población, las desapariciones forzadas y la persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales o religiosos.
Asimismo, según la norma legal internacional, cuando los hechos que se producen en la huida son constitutivos de ejecuciones extrajudiciales, deportaciones, exterminio o desapariciones forzadas, enmarcados en un ataque sistemático contra la población civil (art. 7 Estatuto), hablamos de crímenes de lesa humanidad. Son imprescriptibles precisamente por la impunidad de la que se dotan los autores de los delitos más graves, por lo que sus consecuencias penales han de permanecer (art. 29 Estatuto).
Es preciso así cumplir los tres mandatos fundamentales del cuerpo de doctrina internacional contra la impunidad de los delitos de lesa humanidad: derecho a saber la verdad, derecho a la justicia y reparación suficiente a las víctimas. Estas tres obligaciones de los Estados constituyen la esencia y el compromiso con el derecho internacional de los derechos humanos. La impunidad constituye una infracción flagrante de las obligaciones de los Estados según el derecho internacional.
El régimen franquista, responsable de esta masiva violación de los derechos humanos, ocultó este bárbaro episodio a la opinión pública internacional y al propio pueblo español. Décadas después, la Transición se construyó sobre la impunidad de los perpetradores y la indefensión de las víctimas, manteniendo en la desmemoria y el olvido colectivo el crimen de la carretera Málaga-Almería. Ante la falta de compromiso del Estado tuvieron que ser las víctimas, las asociaciones memorialistas y la sociedad civil quienes asumieran la tarea de recuperar la memoria de lo ocurrido, para que de esta manera la ciudadanía andaluza y española pudiera conocer las dimensiones de esta tragedia humanitaria, homenajear a sus víctimas y condenar a los causantes.
Fruto de este esfuerzo colectivo fue la construcción en 2005 del primer memorial como homenaje a las víctimas y la celebración en 2007 de la primera marcha como recuerdo del trágico camino emprendido por los huidos. A partir de aquí, se ha ido ampliando un movimiento cívico y memorialista basado en la pluralidad ideológica y la convergencia para acciones y propuestas concretas.
Por todo lo expuesto, porque a día de hoy, transcurridos cuarenta años del fin del franquismo, sigue sin responderse plenamente desde las instituciones españolas a las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas del ataque a la población civil refugiada o residente en Málaga en febrero de 1937, pensamos que es hora de seguir avanzando y ampliando los actos y actividades de sensibilización de homenaje a las víctimas y familiares, para dignificar su memoria y en su recuerdo.
Se trata de recordar y homenajear a los miles de personas que murieron allí mientras buscaban refugio huyendo de la guerra, la mayoría de ellos mujeres y niños, es decir: las personas más indefensas. Consideramos importante mantener viva esta memoria, porque es muy necesario conocer la historia para que no se vuelvan a repetir estas atrocidades y devolver la dignidad de las víctimas de aquellos hechos, a las miles de personas que murieron en una masacre como la huida de Málaga.
Por todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes
A C U E R D O S
1º.- Reivindicar la memoria de las víctimas de la carretera de Málaga a Almería por los valores que salvaguardan la dignidad inherente a todo ser humano: Igualdad, Justicia, Libertad. En ese sentido, se insta a las administraciones competentes, Gobierno Central y Junta de Andalucía, a la creación de un censo oficial de víctimas y desaparecidos del crimen de la carretera de Málaga-Almería de acceso público, así como que el Ayuntamiento de Almería colabore en esta labor.
2º.- Asimismo reconocer oficialmente que la persecución y los múltiples asesinatos ejecutados durante la huida de la población civil desde Málaga a Almería, entre el 7 y el 12 de febrero de 1937, son constitutivos de delitos de lesa humanidad.
3.- El Ayuntamiento de Almería colaborará con los actos programados en conmemoración de la masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida popularmente la Desbandá.
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