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Almería se juega mucho en el escenario de la configuración de un nuevo modelo de financiación autonómico. Los socialistas siempre hemos considerado que Andalucía es una comunidad infrafinanciada, una circunstancia que, aunque haya costado, también ha acabado por reconocer el Gobierno del PP. El presidente Rajoy se comprometió, en enero, en la Conferencia de Presidentes, a tener una propuesta sobre la mesa antes de que acabara el año.
Están ya en la cuenta atrás. Les quedan menos de tres semanas para convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera y presentar ante las comunidades su propuesta de reforma de la financiación autonómica. La dilación de este debate se está convirtiendo en un foco de confrontación entre comunidades, en la línea del “divide y vencerás”; una estrategia que parece gustar al PP.
Andalucía ha dejado de recibir por la mala aplicación del modelo de financiación autonómica más de 5.000 millones de euros, más de 500 millones en nuestra provincia que darían para crear muchos puestos de trabajo y mejorar los servicios públicos que reciben los ciudadanos. Si a esta cifra le sumamos lo que el Gobierno del PP nos debe por las obras del AVE, que debían haberse iniciado hace 1.946 días, o por infraestructuras hidráulicas como la desaladora del Bajo Almanzora la cifra supera los 1.000 millones de euros.
Además, cada año que se retrasa el nuevo modelo de financiación a Andalucía le cuesta 850 millones y hay 818 euros por habitante de diferencia entre la Comunidad mejor financiada y la peor. El modelo, por lo tanto, se ha hecho insostenible y es insostenible que se mantenga por más tiempo.
Las necesidades de los ciudadanos deben estar en el centro del debate, por encima de capacidades fiscales o de territorios. Cuestionar la necesidad de incorporar recursos adicionales es cuestionar el Estado del Bienestar, la educación, la sanidad o la dependencia. Lo que el Gobierno andaluz pide es que el nuevo modelo financie en igualdad de condiciones todas las competencias transferidas y no sólo los servicios públicos básicos.
Si Rajoy ha tenido tiempo para calcular el cupo vasco, tiene que cumplir su palabra y todos sus compromisos, que pasan por que antes del 31 de diciembre las comunidades autónomas deben tener sobre la mesa un nuevo modelo de financiación que pueda garantizar a la ciudadanía la educación y la sanidad públicas y los servicios sociales.
Los socialistas andaluces reivindicamos que el debate de la financiación autonómica es una prioridad absoluta. Se trata de repartir los recursos con equidad para que cada territorio pueda ejercer sus competencias: los ciudadanos y ciudadanas tienen que disponer de los mismos servicios públicos vivan donde vivan, y los recursos para conseguirlo los tiene que garantizar el Estado.
Desde el PSOE no nos vamos a cansar de promover un gran acuerdo con todos los partidos políticos -como con las entidades sociales- para que nuestra presidenta Susana Díaz defienda con el máximo apoyo político y social la autonomía y el autogobierno de Andalucía en la negociación de la nueva financiación.
Nuestra prioridad es Andalucía, los andaluces y andaluzas, la creación de empleo, el sostenimiento de sus servicios públicos esenciales de educación, sanidad o ayuda a la dependencia. En este sentido, confiamos en que el Gobierno de Rajoy atienda nuestra demanda cuanto antes – a ser posible antes de que finalice el año, tal y como se comprometió- puesto que Andalucía y Almería se están jugando mucho.
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