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Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha denunciado hoy la “tímida” postura que viene manteniendo el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ante el grave problema del vertido de residuos fuera de los puntos autorizados. La formación apunta que este problema ha ido en aumento, estando la situación completamente fuera de control en los últimos meses.
“En la última comisión informativa de Ciudad Saludable del día 6 de junio, que detenta las competencias de recogida de residuos y aseo urbano, volvimos a denunciar desde IU el pésimo estado del parque de contenedores de residuos domiciliarios del municipio, reclamando su renovación y mejor limpieza”, explica Ricardo Fernández, portavoz de IU Roquetas y vocal en el citado órgano.
“Como respuesta hemos obtenido días después el habitual anuncio por parte del ejecutivo local del PP del refuerzo veraniego de la plantilla de aseo urbano y de las rutas de recogida. Una vez más vemos cómo Gabriel Amat aplica el “piloto automático” y no afronta en profundidad un grave problema que está poniendo en jaque la salubridad de nuestros vecinos y la imagen turística de nuestro municipio”, denuncia el concejal.
Para IU el problema de la acumulación de residuos fuera de los contenedores, en aceras y solares, tiene dos vertientes. Primero la de falta de educación y control de las actitudes incívicas por parte de algunos vecinos, turistas y establecimientos, donde el alcalde parece haber olvidado hacer cumplir la Ordenanza Municipal de Limpieza. Y por otro lado, el pésimo estado del parque de contenedores y del servicio de recogida que sigue prestando Urbaser.
En cuanto al incivismo, IU reclama que se cree una verdadera plantilla de inspección del servicio de recogida y aseo urbano eficaz para el volumen de residuos que se generan en Roquetas. Ahora mismo solo un trabajador municipal realiza esa función para todo el municipio, algo claramente insuficiente como se está comprobando para IU. “Queremos no solo que se haga cumplir la ordenanza, multando a los que no la cumplen, sino que se realice una actividad preventiva detectando aquellos puntos de contenedores problemáticos y aplicando actuaciones específicas para esa zonas”, explican desde IU.
En este sentido la formación de izquierdas roquetera denuncia que son los centros educativos, edificios y espacios públicos los que se llevan la peor parte. En efecto, para no causar molestias a las zonas residenciales los grupos de contenedores se sitúan junto a los anteriores, produciendo problemas de seguridad, accesibilidad y malos olores que afectan especialmente a la población infantil.
Respecto al servicio que sigue prestando Urbaser, de forma irregular para IU ya que el contrato venció en diciembre de 2015, para la formación la anterior situación de falta de control se ve agravada por el pésimo estado de mantenimiento de los contenedores, cuyo fallo en el mecanismo impide que sobre todo personas mayores puedan depositar dentro de los residuos. La propuesta de IU de reemplazar los contenedores por unos del tipo accesible, con boca lateral, ha sido ejecutada tímidamente por el PP, lo cual empeora la situación.
También en el sentido del número de los mismos, en especial los destinados a la recogida selectiva (amarillos, azules y verdes), ya que son insuficientes para el volumen de residuos depositados y en pocas horas ya están colmatados lo que produce el depósito de bolsas fuera de los mismos. Algo que empeora cuando algunos establecimientos de gran tamaño, como pueden ser algunas cadenas hoteleras, los utilizan para depositar sus residuos en vez de realizar el tratamiento propio de los mismos. A esto se suma la precaria situación de las rutas de recogida, existiendo solo una de camion para recogida de enseres, que no sale todos los días.
Para finalizar, desde IU se recuerda que su apuesta desde el primer momento del vencimiento del contrato con Urbaser ha sido la de remunicipalizar el servicio, para dotarlo de transparencia en su gestión y un control 100% público. En este sentido la formación responsabiliza a Amat de la tardanza en regularizar el servicio, ya que ha mantenido la opción de sacarlo a licitación, llegando a pagar casi 25.000 euros a la UAL por un informe para justificar la negativa a la posible remunicipalización del servicio.
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