Las parlamentarias Lucía Ayala y Libertad Benítez defienden consolidar un gasto mínimo anual equivalente al 5% del PIB a través de una ley en el Parlamento de Andalucía
Rosario Pérez, madre del estudiante con síndrome de Angelman, critica las formas de la Consejería de Educación y pide que su hijo pueda seguir integrado en el IES El Toyo
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La portavoz de Educación de Podemos Andalucía, Libertad Benítez, ha abogado hoy por establecer un suelo presupuestario anual para la educación pública como mecanismo para garantizar una escuela pública de calidad. Tras mantener diversas reuniones con colectivos de la comunidad educativa, Benítez ha afirmado que Almería presenta carencias muy similares a otros territorios, si bien hay casos específicos que requieren de soluciones urgentes.
Así, la parlamentaria ha instado a todos los grupos políticos andaluces a apoyar la Ley del 5% presentada por Podemos e IU y que aspira a consolidar una cantidad mínima anual de inversión educativa equivalente al 5% del PIB andaluz. Si esta cláusula se aplicara en 2017, ha explicado, supondría un incremento de 700 millones de euros, cantidad más que de sobra para recuperar a los 4.500 docentes despedidos en 2012 o acabar con las aulas prefabricadas que tan usuales son en la provincia de Almería.
Por su parte, la parlamentaria de Podemos por Almería, Lucía Ayala, ha reivindicado medidas específicas para paliar problemas concretos que siguen sin solución en la provincia. Entre ellos ha mencionado la carencia de plazas en comedores escolares, el problema de acceso a las mismas para las madres temporeras del campo almeriense o el déficit de centros escolares en el levante almeriense. Ayala, que ya ha trasladado estas problemáticas al Parlamento de Andalucía, ha afirmado que “hace falta voluntad política del resto de partidos para solucionar esta situación, y especialmente por parte del Gobierno” y ha anunciado que la Educación seguirá siendo un eje prioritario del trabajo de Podemos Andalucía por tratarse de un servicio público que garantiza la igualdad y es clave para el desarrollo social y económico en la comunidad.
El caso de Adrián, a la espera de solución
Rosario Pérez, madre del alumno con síndrome de Ángelman, por su parte, ha criticado que la Consejería no haya respetado su compromiso de buscar una solución para que Adrián pueda seguir cursando sus estudios en el IES El Toyo junto a su hermana y compañeros de centro. En este sentido, ha reivindicado el derecho del menor a tener una educación digna e inclusiva y ha puesto en valor el trabajo desempeñado por los docentes durante estos años, que está siendo despreciado con la decisión de cambiar a Adrián de centro escolar.
Como ha explicado Libertad Benítez, la recuperación económica debe ir acompañada del blindaje de los servicios públicos y ha avanzado que si se aprobara la Ley del 5% en Educación no se producirían situaciones como la que está viviendo la familia de Adrián. “La escuela pública no puede seguir siendo objeto de recortes porque pone en riesgo el futuro de nuestra sociedad y el bienestar de las familias”, ha sentenciado.
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