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Se pongan como se pongan Rajoy y Montoro, el Gobierno andaluz que preside Susana Díaz va a seguir adelante con las oposiciones que ha programado para reforzar los servicios públicos con más de 8.000 plazas de nuevo ingreso, consciente, como es, de que éstos constituyen la mejor herramienta para garantizar la igualdad entre los ciudadanos.
Coincide esta decisión con otras medidas que van encaminadas a restituir totalmente los derechos suspendidos a los empleados de la administración pública como consecuencia de la aplicación de las medidas de estabilidad presupuestaria impuestas por el Estado en el año 2012. De esta manera, se está procediendo a la recuperación, entre otros derechos, de las pagas extra y la jornada laboral de 35 horas semanales o al desbloqueo de los procedimientos de promoción interna y concurso de traslados de la Junta.
Esta determinación, sin embargo, no se ve con buenos ojos en el Partido Popular. De hecho, las 8.045 plazas de empleo público que la Junta de Andalucía va a ofertar este año han sido la última excusa que ha encontrado el Gobierno de Rajoy para chantajear a Andalucía. Lo más triste de este asunto no es que el PP siga insistiendo en utilizar las instituciones públicas para el enfrentamiento partidista, sino que, en su cruzada, no esté teniendo ningún reparo en utilizar como rehenes a los opositores por un lado y, por otro, a los propios ciudadanos andaluces, que son, al final, los beneficiarios de los servicios públicos.
Aunque parezca difícil de creer, desde el Gobierno central se ha amenazado con paralizar la oferta de empleo público andaluza si no se aprueban los Presupuestos Generales del Estado. En lugar de buscar a sus semejantes políticos y negociar con ellos, el PP pretende utilizar como moneda de cambio a los ciudadanos: a aquellos que se están preparando para opositar y que no merecen que se les ningunee y a la ciudadanía en general, que es, al fin y al cabo, la que sale siempre perdiendo cuando se maltrata el empleo público.
Las 8.045 plazas de empleo público que va a ofertar Andalucía servirán para reforzar los sectores de la educación, la sanidad y la Administración General. La oferta más importante es la correspondiente a la sanidad, con 3.553 plazas, seguida de las 2.468 plazas de educación y las 2.024 destinadas a la Administración General. Como se puede observar, se trata de plazas más que necesarias para mejorar los servicios públicos esenciales.
La estabilidad política de la que disfrutamos en Andalucía ha hecho posible que seamos de las primeras comunidades autónomas en aprobar su presupuesto para 2017 y, en ese presupuesto, la oferta de empleo público y la tasa de reposición se han regulado tomando como referencia las limitaciones establecidas por la legislación de carácter básico del Estado en 2016. Nadie puede poner en duda, por lo tanto, que Andalucía haya ejercido sus competencias de forma responsable con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Frente a un PP que no cree en los servicios públicos y que, con la excusa de la crisis, en los últimos años ha intentado reducirlos a su mínima expresión –para que sus amigos, dicho sea de paso, pudieran hacer negocio con ellos–, los socialistas tenemos nuestra bandera en la sanidad y la educación públicas. Por eso hemos batallado para salvaguardarlas de los ataques de la derecha y por eso, en cuanto la situación económica lo ha permitido, hemos iniciado la batalla, no sólo para recuperar los derechos de los empleados públicos, sino también para reforzar los servicios públicos con una mayor oferta de plazas.
En resumidas cuentas, la oferta de empleo público está justificada jurídica y presupuestariamente y va a redundar en una mayor calidad del empleo de los profesionales públicos de la Junta y en el reforzamiento de los servicios públicos. Por eso se van a convocar las 8.000 plazas anunciadas. La Junta de Andalucía tiene todos estos motivos para seguir adelante con las oposiciones, mientras que las razones del Gobierno central seguimos sin escucharlas, porque son inconfesables.
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