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El nuevo agravio que ha cometido el Gobierno central con Almería, al dejarla fuera de la declaración de sequía que ha prorrogado para las cuencas del Júcar y el Segura, es de los que quizás no hagan demasiado ruido –por el momento- pero sí un daño extraordinario a nuestra provincia. La prórroga de esa declaración, aprobada mediante un Real Decreto del Consejo de Ministros, contempla medidas excepcionales para paliar la escasez de agua de las que no podrán beneficiarse los regantes almerienses.
De esta manera, el Gobierno en funciones del Partido Popular vuelve a actuar de la misma forma que lo ha venido haciendo desde que Rajoy llegó a La Moncloa en las navidades de 2011. Vuelve a maltratar a la provincia de Almería al arbitrar, en esta ocasión, medidas e inversiones contra la sequía en Murcia y el Levante español mientras que se olvida por completo de nuestra tierra, siendo el Gobierno perfectamente conocedor que padecemos una situación similar a la de los territorios de los que sí se va a ocupar el Ejecutivo de Rajoy.
Por lo tanto, la decisión que ha tomado el Consejo de Ministros de dejar al margen de la declaración de sequía a la provincia de Almería es un suma y sigue, si tenemos en cuenta el agravio cometido meses atrás con los regantes almerienses, cuando el Gobierno decidió bonificar el agua desalada en Alicante y Murcia y no hacerlo en Almería. ¿Por qué olvida del PP de esta manera a nuestra provincia? ¿Por qué esta saña? ¿A qué viene esta inquina con los agricultores almerienses? Sinceramente, no se entiende.
Con todo, lo peor es que esta decisión culmina la nefasta política de aguas que ha aplicado el Gobierno del PP en los últimos cuatro años en Almería y que se ha caracterizado por las escasas inversiones en las infraestructuras hídricas que son necesarias en la provincia.
En vergonzoso ejemplo de esto que les digo lo encontramos en la desaladora del Bajo Almanzora, que sigue inutilizada por la inutilidad del Gobierno del PP. A pesar de que han pasado cuatro años desde las riadas que azotaron al Levante almeriense y de que la reconstrucción de esta desaladora se dotó con 22,6 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado para 2016, la realidad es que a día de hoy no se han gastado ni un solo céntimo.
No han movido ni una sola piedra a pesar de que son conscientes de la situación de extrema necesidad que padece la provincia, y especialmente la zona del Levante. Y no estamos hablando de un problema menor, ya que la producción de esta desaladora garantizaba 15 hectómetros cúbicos para la agricultura y 5 para el abastecimiento humano.
Si bien es verdad que estas obras comenzaron a ser investigadas por un presunto caso de corrupción en la cúpula de Acuamed durante el Gobierno del Partido Popular, que terminó salpicando también al ex ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, no es menos cierto que los usuarios de la desaladora no pueden ser los perjudicados por esta situación. Ni por la investigación ni por la falta de diligencia y eficacia del Gobierno de España a la hora de conseguir que vuelva a estar operativa. Que el Gobierno esté en funciones no implica que permanezca inactivo y que estas obras no puedan ponerse en marcha de manera urgente para atender la gran necesidad de agua que tiene nuestro campo.
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