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La carta que el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, le ha enviado al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, prometiéndole nuevos recortes en la segunda mitad del año si gana las elecciones es la prueba irrefutable de dos verdades: que la crueldad de la derecha no tiene límites y que su gestión económica en los últimos cuatro años ha sido un completo desastre.
Aquellos que prometieron sacarnos de la crisis a golpe de recortes han terminado hundiéndonos en la miseria: según la encuesta de condiciones de vida publicada esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi tres de cada diez españoles (el 28,6%) se encuentran en riesgo de exclusión social y no tienen apenas recursos con los que pagar sus necesidades básicas.
Entre los colectivos más maltratados por las medidas que el Gobierno del PP ha aplicado en los últimos cuatro años se encuentran los pensionistas. Durante la crisis, nuestros mayores han funcionado como un verdadero colchón para sus familias, dando techo a los que hijos que perdían la vivienda, alimentando a los que se quedaban parados y siendo la guardería de los nietos. Sin el papel que han jugado nuestros padres y abuelos, posiblemente este país habría mostrado una gran conflictividad social durante los últimos años y, sin embargo, en lugar de estarles agradecido por haber amortiguado los efectos de la crisis, el Gobierno de Rajoy ha preferido machacar a los pensionistas.
Con una subida de la pensión de apenas 1 euro al mes, los pensionistas han tenido que hacer frente en este tiempo a la subida del IVA, la subida de la luz, el copago de los medicamentos… en definitiva, a unos gastos mucho mayores. A la vista de la situación, uno se pregunta qué más recortes piensa aplicarles Rajoy, tal y como va prometiendo fuera de España.
Con el Partido Popular, el futuro de los pensionistas se presenta muy oscuro. Y no solamente para los pensionistas de hoy, sino también para los de mañana. La Asociación Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha alertado de que, a la vuelta de dos años, en 2018, las pensiones en España estarán en serio peligro. Esta situación se explica por dos factores. Por un lado, la reforma laboral impulsada por el PP ha precarizado el mercado de trabajo, lo que se ha traducido en una reducción de los ingresos con que se alimenta el sistema público de pensiones. Además, también hay que recordar que el Gobierno de Rajoy ha sido el primero de la historia en atreverse a meter la mano en el Fondo de Reserva de las Pensiones, dejándolo esquilmado, hasta el punto de que de los 66.000 millones de euros que había en 2011, ya sólo quedan 32.000.
Con este duro panorama, no cabe otra opción que tomar medidas urgentes y es lo que va a hacer el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, con su gobierno del cambio, proponiendo al Pacto de Toledo la creación del llamado Recargo de Solidaridad, para que las grandes corporaciones, las grandes fortunas y los grandes patrimonios financien también el sistema público de pensiones. Esta medida, que ya funciona con éxito en otros países europeos, permitirá que el sistema de pensiones vuelva a ser sostenible.
Pero, además de mirar al futuro, también hay que ocuparse de mejorar el presente. Tras sanear el sistema público de pensiones, el gobierno de Pedro Sánchez estará en condiciones de poner en marcha el resto de sus propuestas en esta materia, que pasan por garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, aumentar la cuantía de las pensiones mínimas, subir las de viudedad y orfandad y aplicar un ‘bonus’ de 2 años de cotización a las mujeres por cada hijo que tengan, a efectos del cálculo de la pensión. Además, también derogaremos el copago farmacéutico para los pensionistas y garantizaremos la adecuada financiación de la Ley de Dependencia, lo que redundará en la mejora de la capacidad económica de los mayores.
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