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La Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida como Carta de Aalborg de 1994, las propuestas de la Unión Europea para afrontar el cambio climático mediante el ahorro, la eficiencia energética y la transición hacia un modelo energético basado en fuentes renovables o el Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía, en el que están comprometidos ayuntamientos de toda la UE, sientan las bases para el impulso de las corporaciones locales de alternativas energéticas.
La crisis ha puesto de relieve la existencia en nuestro país de la pobreza energética, que hace descender a quienes la padecen varios escalones en la escala de la pobreza, acrecentado el riesgo de enfermedades e incluso provoca un aumento de mortandad por la dificultad de mantener la vivienda en condiciones de temperatura adecuada y las dificultades añadidas de conservación y preparación de alimentos o de higiene personal.
De otra parte, los ayuntamientos tienen abultadas facturas energéticas por el consumo de alumbrado público, edificios municipales, empresas municipales y centros escolares de enseñanza infantil y primaria cuyo mantenimiento depende de las corporaciones locales.
Una adecuada gestión municipal puede afrontar todas estas realidades mediante planes de eficiencia y ahorro energético, pero también gestionando el origen de la energía que consume, tanto decidiendo las fuentes renovables de generación como las entidades que la proporcionan.
Por primera vez en la historia es más rentable producir la energía eléctrica que se consume generándola con instalaciones fotovoltaicas o eólicas que comprarla a comercializadoras. Esta rentabilidad se incrementa en el caso de la fotovoltaica que se produce justo en el momento en que oficinas, centros escolares y otras instalaciones municipales la están demandando.
Bien es verdad que la actual legislación sobre autoconsumo, hecha al dictado de las grandes empresas eléctricas, busca disuadir del aprovechamiento que entidades y usuarios pueden conseguir con el desarrollo actual de las fuentes renovables. A esta legislación, sin embargo, que va en contra de la “libre competencia” que las grandes eléctricas dicen defender, tiene los días contados por la irracionalidad de la misma y por el compromiso adquirido por el grueso del, previsible, nuevo arco parlamentario.
A favor de las nuevas fuentes renovables cuenta también que originan más empleo que las convencionales, desarrollan la economía local y nos liberan de la importación de combustibles fósiles.
Igualmente existen ya opciones jurídicas para el desarrollo de estas propuestas, como son las cooperativas de servicios públicos mediante las que la ciudadanía puede participar en el desarrollo de estas alternativas.
Los municipios por el cambio tienen, así, herramientas en sus manos para avanzar en la soberanía energética democrática, de producción descentralizada.
Bienestar, energía, economía, democracia, ecología y empleo son frutos que este modelo de producción y gestión nos ofrece y a lo que no sería racional renunciar.
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