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Mucho se ha hablado en estos últimos meses de la necesidad de llevar a cabo reformas de calado en nuestro país que nos permitan afrontar los retos que tenemos por delante en materia de empleo, servicios sociales, educación, transparencia en la gestión de lo público y lucha contra la corrupción, entre otras cuestiones. Sin duda, son asuntos que de nuevo se pondrán sobre la mesa en la nueva campaña electoral en la que entraremos a la vuelta de la esquina. Si bien es cierto que deberemos de desafiar con valentía y con criterios progresistas estas tareas, no es menos verdad que este país necesita también hacer un ejercicio de memoria colectiva para poner en valor los logros alcanzados, los avances que conseguimos los españoles de la mano- en todos los casos- de los gobiernos socialistas. Justo es reconocerlo.
A modo de ejemplo, este pasado mes de abril se han cumplido 30 años del primer paso en la construcción del Sistema Nacional de Salud español. Con la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986 se establecieron las bases de lo que sería uno de los más importantes logros de la reciente historia democrática. Esa ley -hay que recordarlo- supuso una auténtica revolución en el concepto de la protección integral a la salud, en las condiciones de prestación con carácter integral y de acceso como derecho de ciudadanía y de igualdad efectiva. Además, estableció que la política de salud debería estar orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales, lo que la convirtió en un potente instrumento de justicia social, contribuyendo de forma decisiva a la reducción de las desigualdades.
Fue, por tanto, la decisión política de un Gobierno socialista con un ministro de Sanidad histórico, Ernest Lluch, quien plasmó el mandato constitucional de protección a la salud como un elemento básico en el bienestar individual y de justicia social. Si es obligado recordar que la iniciativa política se debió a la firme voluntad de un Gobierno socialista, en igual medida es de justicia reconocer que tanto en la concepción como en su implantación, resultó decisiva la participación activa e implicación de un amplio colectivo de profesionales sanitarios cuyas aspiraciones y anhelos confluyeron con la política diseñada.
Hoy la sanidad pública española cuenta con el respaldo unánime de la población y de sus profesionales. A pesar de ello, hace tan solo 4 años el Partido Popular quebró por decreto este consenso social y profesional, expulsando de la atención sanitaria a cerca de un millón de personas y estableciendo barreras económicas y copagos a la atención sanitaria y farmacéutica.
Los gobiernos socialistas en las Comunidades Autónomas, como es el caso del que preside en Andalucía, Susana Díaz, tomaron medidas inmediatas para paliar este decreto regresivo que debería quedar anulado cuanto antes y, de la misma manera, seguir avanzando en las mejoras que se precisan. En este sentido, es necesario dotar al Sistema Nacional de Salud de estructuras de buena gobernanza y cooperación entre autonomías para mejorar su calidad, y hacerlo más eficiente, más ético y transparente, asegurando la suficiencia financiera en todos los territorios.
Y queremos modernizarlo, porque la solución a los retos de la innovación terapéutica, el envejecimiento saludable y la cronicidad requieren el compromiso y los recursos para la renovación tecnológica, el desarrollo profesional, la investigación y la transformación de los procesos asistenciales. En todo caso, desde el PSOE queremos que la protección a la salud se incluya como derecho subjetivo en la constitución y que se establezca el mecanismo que garantice su financiación suficiente para que no vuelva a ser posible, tal y como ha hecho el Gobierno de Rajoy, dar un paso atrás.
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