Condena de 38.000 euros para el Ayuntamiento por la ocupación ilegal de una finca que ordenó el anterior equipo de Gobierno

Los propietarios de la finca denunciaron ante el juzgado la ocupación de sus terrenos

Nota de Prensa Ayuntamiento de Garrucha

El Ayuntamiento de Garrucha ha sido condenado al pago de unas costas de 38.000 euros por la ocupación ilegal de una finca, El Calvario, que el gobierno del Partido Popular ordenó para hacer un camino que ahora, también, ha tenido que ser demolido y restituido el terreno al estado en el que se encontraba antes de la ocupación.

La sentencia ya ha sido notificada, el dinero consignado gracias al ahorro generado desde la llegada del nuevo equipo de gobierno socialista que lidera María López Cervantes y los terrenos restituidos a su propietario con quien el ayuntamiento intenta, ahora sí, llegar a un acuerdo de buena fe que permita acceder a la chimenea de El Calvario. “Tenemos que entender que la acción de los propietarios no fue contra los garrucheros, sino contra la cacicada de un alcalde que no era nadie para decidir ocupar unos terrenos y hacer un camino sin pedir permiso alguno. Ahora tratamos de arreglar la situación como lo hacen las personas, primero asumiendo la sentencia de un juez y después pidiendo disculpas e intentando llegar a un acuerdo, porque no podemos quedar sin acceso a la chimenea de El Calvario, que es una de las señas de identidad de nuestro pueblo”, afirma López.

Los propietarios de la finca denunciaron ante el juzgado la ocupación de sus terrenos al descubrir que habían hecho un camino de acceso a la torre chimenea de la fundición San Ramón, conocida popularmente como El Calvario. Se trata, además, de la única forma de llegar al vestigio más importante del pasado minero de Garrucha, ya que en esta fundición se separaba el plomo de la plata a mediados de 1800, minerales de los que la provincia de Almería y especialmente el Levante eran ricos.

El equipo de Gobierno de Garrucha que ahora lidera la socialista María López trabaja para llegar un acuerdo que permita reabrir el acceso de una forma que todos acepten, si bien critica “la falta de claridad que nos hemos encontrado en el ayuntamiento. Tras ocho años de gobierno del Partido Popular lo único que encontramos son facturas de toallitas y pastillas de jabón sin pagar por importe de 100.000 euros, licencias de obras que hay que devolver por más de 500.000 euros y una colección de sentencias condenatorias contra el ayuntamiento por una gestión que, sencillamente, se hizo a espaldas de la gente del pueblo” afirma la alcaldesa.

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