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Foto Archivo Representativa
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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con la Junta de Andalucía en la demolición del hotel El Algarrobico, ubicado en Carboneras (Almería), tras la sentencia conocida ayer del Tribunal Supremo en este sentido, que en todo caso se refiere a competencias municipales y autonómicas (puesto que aborda la clasificación del suelo desde el punto de vista urbanístico y sobre su titularidad).
El Ministerio, en todo caso, reafirma su compromiso en devolver la zona a su estado anterior, colaborando para ello con la Administración andaluza.
En este sentido, en julio de 2012, ambas Administraciones encomendaron conjuntamente a la empresa pública TRAGSA la realización de un estudio relativo a las actuaciones necesarias para la demolición y restauración de la zona y su presupuesto. El coste de la demolición se estimó en 7,17 millones de euros. El Gobierno de España acordó con la Junta de Andalucía entonces llevar a cabo conjuntamente la demolición del hotel, si los tribunales establecían que procedía dicha demolición.
La construcción del hotel se inició en 2003 y ocupa parcialmente una zona de servidumbre de protección, un ámbito donde las competencias son autónomicas.
El deslinde del dominio público marítimo terrestre del tramo de costa donde se sitúa el hotel, llevado a cabo por Orden Ministerial de 8 de noviembre de 2005, fue declarado conforme a derecho de manera definitiva por las sentencias del Tribunal Supremo de 21 de marzo y 18 de julio de 2012. No hay pendiente ningún pronunciamiento en relación con esta cuestión.
El Gobierno de España ha de analizar al detalle la sentencia del Tribunal Supremo, que aún no conoce, para determinar sus consecuencias y velar por su estricto cumplimiento, como ha venido haciendo en todo momento, dentro del respeto al marco competencial que regula una situación compleja como ésta. LA NUEVA LEY DE COSTAS EVITA SITUACIONES SIMILARES
La reforma de la Ley de Costas aprobada por este Gobierno evita precisamente que situaciones de inseguridad y confusión como la de El Agarrobico puedan repetirse en el futuro. La conocida cláusula ‘antialgarrobico’ permite que la Administración del Estado, tan pronto como tenga noticia de que una licencia municipal infringe la Ley de Costas, pueda suspenderla en vía administrativa. Se evita, así, que pueda avanzar un costoso proceso constructivo que finalmente resulte inviable.
Esta cláusula introduce un mecanismo de control de la Administración del Estado que, sin duda, evitará uno de los problemas más graves que presentaba la legislación anterior, como es la urbanización descontrolada y consecuente degradación de nuestro litoral.
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