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Andalucía ha marcado esta semana de manera clara cuál es su principal prioridad. El Gobierno andaluz, frente al debate de la agenda territorial del que algunas formaciones políticas están haciendo su única bandera política, ha puesto sobre la mesa la agenda social que convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma que blinda con rango legal las coberturas básicas en esta materia. El proyecto de Ley de Servicios Sociales que se ha aprobado garantiza, en este sentido, la igualdad de todos los andaluces y supone el respaldo definitivo al compromiso con los servicios sociales y con el Estado del Bienestar.
Frente a aquellos que nunca han estado detrás de ninguna ley que garantice o amplíe derechos sociales – hay que recordar que en los últimos cuatro años en España se han reducido un 70% los recursos públicos para servicios sociales comunitarios- o de quienes, a la hora de la verdad, han puesto tierra de por medio a las necesidades que acumula la ciudadanía, los socialistas hemos vuelto a dar un paso adelante con una iniciativa pionera en España.
Este proyecto normativo, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, introduce como principales novedades la ampliación de derechos, el establecimiento de un catálogo de prestaciones básicas garantizadas, que podrán ser exigibles por la ciudadanía; la creación de la Historia Social y de la Tarjeta Social- similar a la sanitaria- que proporcionará una atención social en las mejores condiciones.
La norma ha contado con más de 2.000 aportaciones de corporaciones locales, colegios profesionales, agentes económicos y sociales, y otras organizaciones de la sociedad civil, lo que da una idea del interés suscitado por este proyecto de ley y de la necesidad que existe, en un escenario en el que muchas familias aún lo están pasando muy mal como consecuencia de la crisis económica, en seguir avanzando en derechos como los que recoge esta iniciativa.
Andalucía propone, de esta manera, un sistema público de servicios sociales similar al sanitario, con el objetivo de prevenir, dar cobertura y atender las necesidades de las personas, mejorar su bienestar y proteger de manera especial a aquellas que se encuentran en situación de abandono, exclusión social o gran necesidad.
La futura ley, que sustituirá a la vigente desde 1988, establece, por primera vez, el derecho de la persona a dejar constancia de su voluntad anticipada sobre los recursos que quiere recibir en previsión de una futura limitación de su capacidad de obrar. Asimismo, entre las prestaciones garantizadas, la ley incluirá las vinculadas a los servicios sociales y ayudas económicas derivadas de la Ley de Atención a la Dependencia.
Una vez que esta ley supere el trámite parlamentario, con el respaldo mayoritario- eso sería lo deseable- del resto de grupos políticos, los socialistas confiamos en que el próximo Gobierno de España recorra el mismo camino que Andalucía y apueste también por una normativa básica que blinde este pilar del Estado del Bienestar para el conjunto del país. En este sentido, consideramos que es imprescindible recuperar la apuesta por los servicios sociales y la coordinación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, con el objetivo de que los usuarios de estos servicios ganen en garantías, derechos y atención.
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