La Plataforma por los Derechos y la Justicia Social llevará a los juzgados al alcalde de El Ejido por el desalojo y derribo de las chabolas de Tierras de Almería

La Plataforma considera ilegal la actuación del Ayuntamiento de El Ejido al no existir orden judicial y considera xenófoba la actitud del alcalde Francisco Góngora y cómplice el silenco de la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno.

La Plataforma por Los Derechos y la Justicia Social de Almería, Plataforma en la que participan numerosas organizaciones sociales y políticas de la provincia de Almería, decidió en la asamblea del pasado viernes (a la que acudieron más de 50 personas de Almería capital y otros municipios de la provincia como Roquetas y El Ejido) ante el desalojo y derribo del poblado chabolista situado en Tierras de Almería, El Ejido, del pasado 17 de junio denunciar a Francisco Góngora, alcalde de El Ejido, por ordenar el desalojo y derribo de las chabolas sin orden judicial alguna e impidiendo a sus moradores que recogieran sus pertenencias. Tras el derribo ilegal de estas infraviviendas el ayuntamiento no ha dado ninguna alternativa habitaciones a las 60 personas desalojadas “abandonándolas a su suerte”, lo que en opinión de los miembros de la Plataforma responde “al desprecio y racismo del alcalde hacia estos trabajadores extranjeros de la agricultura ejidense”.

Se da la circunstancia que Francisco Góngora ya había intentado en varias ocasiones el desalojo de este asentamiento. Hace tres años, tras uno de estos intentos y por presión de la Plataforma por Los Derechos y La Justicia Social, se consiguió un compromiso de la Delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Sonia Ferrer (PSOE), y el alcalde de El Ejido (PP) de estudiar el caso de cada persona del asentamiento y negociar una alternativa de vivienda antes de cualquier derribo de las chabolas; tanto la representante de la Junta como el alcalde han olvidado su palabra.

La Plataforma por Los Derechos y La Justicia Social anuncia que va a comenzar con una campaña de denuncia a nivel nacional e internacional de la vulneración sistemática de los derechos más básicos de la población inmigrante en el municipio de El Ejido haciendo responsable, no solo al ayuntamiento de este municipio, sino además a la Junta de Andalucía y a la Subdelegación del Gobierno por dejación de sus funciones.

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