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El Ayuntamiento de Albox ha aprobado en Pleno los procedimientos necesarios para defender los intereses de la Administración y de los ciudadanos del municipio ante el proceso judicial en el que están involucradas 98 viviendas fuera de ordenación construidas entre el año 2004 y 2006 bajo el Gobierno del PP y por las que se ha reclamado al Consistorio una fianza de 3,1 millones de euros, lo que supondría el 41,7% del presupuesto municipal.
El alcalde socialista, Rogelio Mena, ha iniciado la sesión plenaria en la que se aprobaron diversas iniciativas recordando que “este equipo de Gobierno no es responsable de ninguna de las actuaciones que se señalan en ese auto” y que expresando su “contundente oposición” a una fianza que sería “inadmisible e inasumible”. El alcalde ha dejado claro no permitirá “que el esfuerzo que este Ayuntamiento, trabajadores y ciudadanos hemos hecho en materia laboral y económica” se vaya al traste por la gestión de anterior equipo de gobierno popular.
Una vez que se ha informado a la Corporación acerca de auto judicial en el que se exige la prestación de la fianza de 3.104.185 euros, se ha aprobado la propuesta de acuerdo para autorizar y ordenar la presentación inmediata de escritos y de los recursos en defensa de los intereses generales del municipio de Albox así como la personación del Ayuntamiento en dicho procedimiento. Un punto del orden del día que ha sido aprobado por unanimidad.
La concejala de Urbanismo, Sonia Cerdán, ha valorado la sentencia recordando que las competencias urbanísticas corresponden al Ayuntamiento y que “es totalmente injusto e ilógico que el dinero de todos los vecinos de Albox se destine a pagar ilegalidades que tienen nombre y apellidos. Las competencias en disciplina urbanística son duras pero claras. Y por mucho que nos duela decirle a un vecino que no, cuando no se puede, no se puede”, ha sentenciado. “Nuestra obligación política y moral es hacer una defensa a ultranza de los intereses generales de los ciudadanos y oponernos a este requerimiento de fianza, autorizando y ordenando la presentación inmediata de los escritos correspondientes”, ha insistido Rogelio Mena.
Depuración de responsabilidades
El paso siguiente ha sido votar la constitución de una Comisión de Investigación sobre los hechos del procedimiento judicial, al objeto de depurar responsabilidades que se pudieran cometer bajo el mandato del PP durante los años en los que proliferaron las construcciones al margen de las leyes y normativas urbanísticas vigentes.
Al igual que el resto de puntos, la creación de la comisión ha logrado el voto a favor de toda la Corporación por unanimidad y estará formada por un presidente que será el alcalde o quien éste delegue y la concejala de Urbanismo por parte del Grupo Socialista. El Grupo Popular, en la oposición, también contará con un representante, además de los técnicos y letrados correspondientes.
“Nuestro deber es la transparencia, la claridad y responder a las demandas de los ciudadanos. Ante una situación de estas características que puede ser muy lesiva para los intereses del Ayuntamiento creo que hay que depurar responsabilidades, si las hubiere, para lo que se ha creado esta comisión”, concluyó el alcalde.
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