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En una reunión mantenida la pasada semana entre representantes de las asociaciones almerienses de personas con discapacidad que cuentan con centros especiales de empleo, se acordó iniciar movilizaciones ante el contenido del borrador de la Junta de Andalucía que anuncia un recorte de los incentivos económicos a las contrataciones en este sector con riesgo de exclusión social. Desde hace tres meses, los líderes de estas entidades han mantenido infructuosas reuniones con representantes del Gobierno Andaluz, tanto de ámbito autonómico como provincial.
Si finalmente ve la luz el mencionado borrador, redactado por el Servicio Andaluz de Empleo para la Orden que regulará de nuevo los incentivos a los centros especiales de empleo, peligran los miles de puestos de trabajo de personas con discapacidad que estos centros tienen en Andalucía, dado los recortes presupuestarios que sufrirán a partir de este año 2014; dado su carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esto supondría aproximadamente una drástica reducción de un 25% menos de ingresos para estas empresas sociales y el seguro despido de buena parte de las plantillas.
Andalucía, única en España
De publicarse esa Orden, Andalucía se convertiría en la única comunidad autónoma de España en llevar a cabo tal despropósito en el sector de la discapacidad. A nivel legislativo, este texto vulneraría una norma de rango superior como es la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. La Junta de Andalucía pretende hacer tramos de subvenciones en función de los grados de valoración, sin tener en cuenta las dificultades que le entraña a cualquier persona reconocida oficialmente con una discapacidad, de luchar contra las trabas sociales y del entorno para ser competitivo en un puesto laboral.
La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía no es la primera vez que modifica las normas que regulan los centros especiales de empleo: ya lo hizo en 2010. Ahora, con este borrador para la Orden que pretende publicar en breve, da una nueva vuelta de tuerca para estrangular la concesión de incentivos para mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad. El rechazo a este texto es rotundo, principalmente por dos razones: una, desde el punto de vista legal, porque contraviene una Orden estatal de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas; y otra por el riesgo de desaparición de los centros especiales de empleo, que están integrados en más del 70% de sus plantillas por personas con discapacidad.
Si esta Orden andaluza se aprobara a espalda de los intereses del colectivo, los resultados de la actividad de los centros especiales de empleo se verían afectados considerablemente, pasando casi en su totalidad a tener resultados negativos, lo que pondría en riesgo la continuidad de los mismos y el mantenimiento también de programas sociales que desarrollan estas entidades. Además, esos recortes llevarían aparejada paralelamente una pérdida paulatina de competitividad, con lo que reduce la capacidad de crear empleo en este colectivo claramente desfavorecido.
Sólo en Almería existen 857 trabajadores y trabajadoras con vinculación directa a cinco centros especiales de empleo de índole social: Verdiblanca, El Saliente, FAAM, Murgi y La Esperanza. Sus esfuerzos suponen una aportación económica también a la población en general, porque por cada 100 euros invertidos por la administración pública en los centros especiales de empleo de iniciativa social de Almería (vía incentivos a la creación de empleo), retorna a la sociedad con su actividad 253,25 € (año 2013). Este retorno es, entre otras formas, a través de impuestos, retenciones de IRPF y aportaciones a la seguridad social.
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