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El anterior equipo de gobierno municipal de Carboneras al completo ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación y desobediencia como consecuencia de votar a favor de declarar como urbanizable el sector donde se construyó el hotel de El Algarrobico en un pleno de 2009.
Este equipo de gobierno dirigido por Cristóbal Fernández, ex alcalde socialista de Carboneras y seis ex ediles del PSOE, consiguió con sus votos a favor y dada su mayoría absoluta en el pleno, aprobar el 11 de agosto de 2009 la adaptación parcial de las normas subsidiarias de planeamiento municipal que declaró urbanizables los mencionados terrenos.
La juez María del Mar Alejo Rico del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Vera, en un auto del pasado 18 de julio ha citado a declarar como imputados el próximo 13 de agosto a las 9:30 horas en el juzgado veratense a Cristóbal Fernández, Francisco Ruiz, Miguel París, Josefa Cruz, María del Rosario Fernández, Beatriz Belmonte y Vanesa Fuentes.
El actual alcalde Salvador Hernández también está imputado
A pesar de que el actual alcalde votó en contra de declarar como urbanizable este sector siendo concejal en la oposición con el partido GIAL, Salvador Hernandez, ahora con GICAR y ya siendo alcalde de Carboneras desoyó, según la denuncia presentada a finales de 2012 por Ecologistas en Acción de Andalucía, la advertencia del Alto Tribunal andaluz que emplazaba en enero de 2012 al Ayuntamiento de Carboneras a que, en el plazo de diez días, adoptase las medidas necesarias para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Estos hechos hicieron que José María López Cervilla, fiscal de Medio Ambiente de Almería, formulara en julio de 2012 una denuncia contra Hernández en la que consideraba que el actual regidor "hace caso omiso" de las resoluciones judiciales en torno a El Algarrobico tanto por negarse a adaptar el Plan Parcial y la licencia de obras al ancho de servidumbre de 100 metros como ordena el Tribunal Supremo en su sentencia de marzo de 2012, como por desobedecer el fallo del TSJA que devolvió al Algarrobico el nivel de protección que tenía en 1994 y restó validez legal al cambio que realizó la Junta en 1996 al considerarlo "una triquiñuela para poder construir el hotel".
El actual alcalde, Salvador Hernández ya prestó declaración en marzo de este año ante la misma juez, donde manifestó que quien debía dar explicaciones en torno a este asunto es el socialista Cristóbal Fernández.
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