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La celebración del Día internacional contra la violencia de género ha tenido un sabor agridulce este año. Por un lado, la afluencia masiva de hombres y mujeres a las manifestaciones demuestra que la sociedad está cada vez más concienciada contra la violencia machista y más cerca, por tanto, del día en que la erradicaremos. Por otra parte, el consenso que se había logrado en las instituciones públicas en materia de violencia de género se ha roto. Este 25-N ha sido el primero en el que el Parlamento de Andalucía no ha realizado una declaración institucional contra la violencia de género, porque Vox se negó a firmar. Este año, la ultraderecha ha salido ufana a proclamar su machismo, con el silencio cómplice de PP y Cs.
En estos últimos días se han vivido situaciones difíciles de asimilar, como que una diputada de Vox en la Asamblea de Madrid defienda sin complejos una asignatura de costura porque coser un botón “empodera mucho” o que la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido (Vox) y miembro del Consejo Municipal de la Mujer, se niegue a participar en las actividades con motivo del 25-N porque no cree que la violencia de género “exista”. También cuesta digerir las imágenes de Ortega Smith negándose a mirar a la cara a una víctima, a la que su cuñado postró en una silla de ruedas de dos disparos por intentar impedir que matara a su hermana.
A la vista de esta retahíla de estampas, la pregunta que me hago es qué le molesta exactamente a la ultraderecha de la lucha contra la violencia de género. ¿Cuál es el problema? ¿De qué tienen miedo? ¿De que las mujeres dejen de estar sometidas? ¿De que sean, de una vez por todas, libres?
Con todo, lo verdaderamente preocupante de lo ocurrido este año no ha sido el discurso rancio y misógino de la ultraderecha, sino que PP y Cs estén tragando con ese discurso por un puñado de sillones. Así lo ha demostrado el Gobierno de Moreno Bonilla y Juan Marín, con hechos como la decisión de entregarle a Vox los listados de los profesionales andaluces que trabajan con víctimas de violencia de género, crear un teléfono para la mal llamada “violencia intrafamiliar” o eliminar de los presupuestos la partida destinada a las viviendas tuteladas para mujeres víctimas de violencia machista.
El verdadero problema no son las palabras, son los hechos. Y los hechos dicen que el gobierno de PP y CS sólo ha ejecutado el 24% de los fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, desviando, además, parte de ese dinero al pago de nóminas y sedes. La misma operación, además, pretenden repetirla el próximo año, según han dejado reflejado en su proyecto de presupuestos para 2020.
De nada sirve que los cargos públicos de PP y Cs hayan declarado, compungidos, que están en contra de la violencia de género si luego, con sus hechos, demuestran lo contrario.
El verdadero compromiso no se demuestra bajando los ojos, como hacen cada vez que escuchan las proclamas de Vox. De nada vale que la consejera de Igualdad (Cs) diga que lamenta “profundamente” la negativa de Vox a suscribir una declaración institucional del Parlamento de Andalucía en el 25-N. Lo coherente sería que PP y Cs rompieran relaciones con un partido machista, que está poniendo en riesgo todo lo que hemos conseguido. Lo valiente sería que le hicieran el vacío a esta ultraderecha que provoca vergüenza, pero no lo van a hacer porque de ellos dependen para seguir en el gobierno e ir aprobando los presupuestos año tras año.
A la hora de la verdad, poco parecen contar las 1.027 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas desde el año 2003. Tristemente esto es lo que tenemos, aunque los demás seguiremos en la lucha, hasta que llegue ese día en que ninguna mujer tenga miedo.
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